Regional
El balance de la actual Administración que finiquita es lamentable. Fue puesta por un exgobernador que imputo el nombramiento de 1.400 OPS (que costaron $22.000 millones) y mantuvo con rienda corta el trabajo de la Universidad en áreas como la Extensión y la Investigación, entre otros. Su control fue absoluto. Está investigándose el tema de los contratos, pues hubo 2.411 contratos directos por $40.650 millones, 9 invitaciones privadas por $1.747 millones, 117 invitaciones públicas por $28.275 millones y 323 órdenes de compra por $190.000 millones.
El Informe del Ministerio de Educación Nacional señala que existe un déficit operacional y un grave riesgo, por cuanto los ingreso operacionales no cubren los costos y gastos. No se cuenta con un sistema de crédito a los estudiantes. También hay inconsistencias en los costos y fechas del inicio del esquema de regreso a clases.
Se robaron un camión en el CRU con materiales eléctricos por valor de $500 millones y nadie responde. Existen sobrecostos evidentes en bienes y suministros: un computador a la UPTC le vale tres veces más que en el mercado de grandes superficies. Las plataformas de TICS viven caídas y son desuetas (como el SIRA). Ese solo factor vale $25 mil millones para actualizarla y ponerla al día en el siglo XXI.
El exrector Olmedo Vargas y el Ministro de Educación Nacional Alejandro Gaviria han señalado la grave crisis que tiene la UPTC y han denunciado actos de evidente corrupción, por lo cual hay que cambiar lo que hay, que no sirve, quitarle a los políticos el manejo de la Universidad, entregársela a los académicos, y avanzar por nuevos aires para salvar la Universidad pública de Boyacá y de la nación, que es patrimonio de todos los colombianos.
La creación del Ombudsman universitario resulta altamente conveniente para entrar a verificar la transparencia de los procesos contractuales por parte de todos los estamentos universitarios.
La crisis financiera de la UPTC lleva a la posible intervención por Ley 550 del Gobierno Nacional, pues se ocultan las cifras y todo parece indicar que no hay los recursos para pagar en diciembre la nómina y las prestaciones, lo cual es muy delicado. Los recientes embargos de las cuentas de la UPTC por parte de la UGPP (por más de $12 mil millones) demuestran la gravedad de la crisis. Hay que iniciar acción de repetición contra los responsables del desafuero.
Democratización
Uno de los puntos focales de tención debe ser la reforma del sistema de elección del Rector, pues hoy es antidemocrático, ya que quien gana las consultas no necesariamente es elegido rector. Las consultas estamentales son un mero filtro para pasar al Consejo Superior, el cual sí elige al rector con 5 de los 9 votos posibles, como ocurrió hace 4 años. En las consultas estamentales no pueden votar los docentes ocasionales ni catedráticos (que son la mayoría), ni tampoco los estudiantes en Convenio de posgrados, ni los trabajadores provisionales, lo cuales una exclusión evidente. La influencia de la politiquería quedó evidenciada en los debates que se han dado en el Congreso de la República.
Debe proponerse un voto ponderado que vincule la elección del Consejo Superior a lo que mayoritariamente definan las bases. Leopoldo Múnera ganaba siempre las elecciones en la U. Nacional y siempre perdía la rectoría, por razones políticas en el Alto Gobierno.
Reforma a la ley 30 de 1992
Esta Ley es de carácter neoliberal y debe ser modificada en su esencia. La educación es un derecho y no una mercancía transable en el mercado. Deben crearse unas mesas multiestamentales que analicen la transferencia desde el Estado central de los recursos necesarios para el cabal funcionamiento de la UPTC, situación que hoy no ocurre, pues actividades como las prácticas están prácticamente suspendidas por falta de recursos, como me lo dijeron en Aguazul los estudiantes y docentes, en reciente visita que les hice. Por cierto, les recordé que como Decano cree la extensión de Aguazul y que esta Administración hace 4 años intentó cerrarla, violando el principio de no regresividad de los Derechos económicos y sociales.
La transferencia por estudiante a la UPTC es de $900 mil por alumno, mientras otras Universidades gozan de $7 millones por estudiante, lo cual genera un grave desequilibrio. Debe procederse a subir la transferencia a la UPTC a esos $7 millones para poder operar misionalmente en forma decorosa. La actual crisis conspira contra la calidad.
Los trabajos de las mesas deberán ser llevados a mesas con el SUE, el MEN y el Congreso de la República.
En el tema político, la reforma política recogió mi solicitud planteada en el cierre de la Cumbre del Gamip en el Capitolio Nacional, para que los docentes puedan hacer política y aspirar a cargos de elección popular, situación que hoy se tiene vedada por no existir ley habilitante. Lamentable que se haya caído el voto obligatorio, que afectaría el aparato clientelar de las maquinarias.
Salvemos la UPTC
El imperativo es categórico: salvar a la UPTC de la politiquería, no eligiendo al continuismo de quienes fracasaron rotundamente en el manejo de la Administración. Por esta razón, he puesto mi nombre a consideración de los 97 mil egresados, 30 mil estudiantes, los docentes y los trabajadores para que me acompañen en la lucha por salvar la Universidad, que es de todos y de todas, ¡no de una maquinaria!
Por: Luis Bernardo Díaz Gamboa
Candidato a la Rectoría de la UPTC
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